El Gobierno ha abierto la puerta para reactivar los planes de pensiones de los funcionarios a través de los Presupuesto Generales del Estado de 2014.
Estos productos agrupan a 1,4 millones de empleados públicos que cuentan con un patrimonio acumulado en fondos para la jubilación de unos 1.500 millones. Los presupuestos para 2014 reiteran la prohibición de que las administraciones y sociedades públicas hagan aportaciones a estos productos para complementar las jubilaciones de los empleados públicos.
La novedad es que a partir del 1 de enero sí se podrán realizar aportaciones a estos productos siempre que se cumplan dos condiciones: 1. Que sean fondos de pensiones o productos similares creados antes de 2011, cuando el Gobierno prohibió hacer nuevas aportaciones para frenar el gasto público.
No puede existir, por tanto, ningún plan posterior, ni se puede crear alguno nuevo con la medida introducida en los presupuestos para el próximo año, señalan en la secretaría de Estado de Presupuestos. 2. Que «no se pueden hacer aportaciones que supongan incremento» del coste laboral para el Estado. Esto conlleva que «cualquier aportación tendrá que realizarse con una reducción en la misma cuantía en otro de los conceptos que integran la masa salarial de los funcionarios». Lo que los presupuestos para 2014 mantienen un año más es la congelación de la aportación de las administraciones a favor de sus empleados.
La legislación suspendida en 2011 fijaba una aportación anual con cargo a los presupuestos generales del Estado que era inicialmente del 0,5% de la masa salarial. Este porcentaje se fue reduciendo a partir de 2009 con el estallido de la crisis y el Gobierno y los sindicatos pactaron rebajarla en el marco de la mesa de la función pública. El acuerdo fijó entonces en el 0,3% la aportación a realizar por el Estado en 2010, del 0,5% en 2011 y del 0,7% en 2012. Pero las previsiones fallaron y el Gobierno de Rajoy cerró el grifo desentendiéndose del acuerdo firmado en 2009.
Las nuevas aportaciones por tanto tendrían que ser acordadas entre las entidades públicas y los sindicatos en el marco de la remuneración total de los funcionarios La medida está en sintonía con el anuncio realizado por Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, de fomentar el salario diferido y la negociación colectiva para que parte del incremento salarial vaya a pensiones complementarias. El plan de los empleados de la administración general del Estado, gestionado por BBVA, es el mayor de los públicos.
Su patrimonio asciende a 608 millones, repartidos entre 602.040 partícipes. El segundo es el de la Generalitat de Cataluña, administrado por CaixaBank, con 249 millones y 223.288 titulares de euros.
